Javier Milei es censurado injusta, aunque brevemente, por un juez de Metán. Entretelones de una disputa que es algo más que una anécdota mediática

 

Una parte de la historia es conocida. En las últimas semanas de junio, Javier Milei viaja a Salta, a dar una conferencia sobre coyuntura económica. Una periodista, Teresita Frías, interrumpe la conferencia y lo cuestiona. Como es usual en ese tipo de eventos, la pregunta no se acepta en el momento, sino que se pospone hasta el final de la exposición. Todo es vagamente incómodo y la incomodidad empieza a incrementarse desde el momento en que Frías realiza la pregunta; relaciona a Keynes con el New Deal y habla del éxito de las políticas intervencionistas utilizadas para impulsar la salida de la Gran Depresión.

Lo que nos queda de la situación es ambiguo. El video está editado y se pierden momentos intermedios, posiblemente relevantes. Sabemos que Milei se irrita rápidamente, sin una justificación clara. La pregunta es más un lugar común que un ataque violento. Quizás lo perturba la repetición, quizás lo haya superado su carácter. Responde criticando a Keynes, negando su potencial influencia sobre las políticas de Roosevelt. Las fechas, dice a su audiencia, no encajan. La Teoría General es del 36’ y la salida de la depresión es anterior por tres años. Aunque al cuestionar el conocimiento de la periodista tiene cierta razón, el ataque verbal es gratuito. Milei cada vez se enfurece más. Cuando es acusado de totalitario, se desencaja. Le grita burra. La conferencia se va desarmando y la situación se tensiona. Todo debe ser interrumpido.

La reacción del economista -él mismo lo admitirá más tarde- es equivocada. Nada en la situación requería esa respuesta. El argumento mismo con el que contesta el planteo del Frías es más débil de lo que podría haber sido. Milei conoce y explica regularmente, por ejemplo, las críticas de Hayek y de Friedman al accionar del gobierno estadounidense durante las crisis del 29 y sus efectos. Eligió, en cambio, cuestionar la posibilidad de la influencia de Keynes. No conocemos qué fue todo lo que dijo, pero la parte que queda en cámara roza la chicana, incluso cuando uno ignora los insultos. Sus propias reconstrucciones del hecho describirán, más tarde, la lectura de unas cartas de Keynes en las que el autor elogia a los gobiernos totalitarios, lo que parece, a priori, mucho más interesante.

 

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El economista Javier Milei, durante su conferencia en el Colegio de Abogados de Metán

Varios economistas liberales intervinieron en la polémica, del lado de Frías. Roberto y Nicolás Cachanosky escribieron artículos defendiendo la posibilidad de que Keynes haya influenciado el New Deal y todos los años 30, basándose en intercambios de cartas entre Roosevelt y el autor británico y en la importancia que este último tenía ya en la escena política, desde hace al menos una década. Adrián Ravier escribió sobre la civilidad como valor central de liberalismo y sobre la importancia de discutir limpiamente, pensando la discusión como indagación compartida, representando la posición del oponente en su mejor versión.

Todos estos son argumentos son, al menos, interesantes y forman parte de una disputa más general entre varios autores liberales sobre la comunicación y sobre el ascenso de Milei como personaje ¿Si la comunicación pública se da en el barro, debe disputarse el espacio, cubierto de barro uno mismo o se debe tratar de concebir un nuevo esquema? ¿Es posible ese nuevo esquema? ¿Se debe justificar al que grita más alto en televisión, si otros también gritan o nunca debe pactarse con el insulto?

La polémica sobre las formas de comunicar es valiosa y tiene un lugar.  En el afán de participar de ella, sin embargo, se pasó por alto algo tal vez más importante. Un juez de Metán prohibió a Milei dar cualquier tipo de conferencias en el pueblo. El mismo magistrado lo citó a declarar, por violencia de genero.

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Muchos tienden a pensar que decisiones como la del juez están vagamente justificadas o, al menos, que no importan demasiado. Lo que hizo Milei es repudiable, después de todo. Fue grosero innecesariamente, quizás violento. Que eso tenga consecuencias les resulta indiferente, porque hizo algo “que no se debe hacer”.

La indiferencia ante lo sucedido tiene su explicación en lo poco que se piensa en la naturaleza real de la ley. La vemos, en general, como la expresión de las conductas que consideramos morales. Una manifestación escrita de un código de conducta o la representación vaga e imperfecta de la voluntad general. Es, en realidad, algo mucho menos etéreo y mucho más opresivo.

Menos cargados de justificaciones apologéticas, los primeros defensores modernos de la constitución del Estado sabían dónde se encontraba el sustento físico del poder legal. De acuerdo a Locke, el poder de dictar leyes es el poder de dictar leyes bajo pena de muerte y, a partir de esa potestad, la de dictar todas las penas menores. Incluso en un país donde, como castigo tipificado, la pena de muerte no existe, el fundamento último de la influencia de la ley no ha variado demasiado. Toda obligación de cumplir la ley descansa sobre las armas de la policía, en el monopolio de la fuerza.

Algún lector, llegado a este punto, se espanta, aunque todo debería ser una obviedad. Piensa, el lector hipotético, en las multas y las infracciones de bajo grado. Incluso en ese caso, la última instancia sigue siendo la misma. Si no pago la multa, se me prohíbe realizar ciertas transacciones o se me lleva a la cárcel. Si realizo las transacciones que me han sido prohibidas, la pena es la cárcel. Si me rehúso a ser encarcelado y me resisto, me obligan las balas. Llevado a su extremo y a su base, el fundamento del poder legal es la pistola.

Esto no implica, necesariamente, un rechazo de todo poder estatal. Es difícil imaginar un escenario donde ese poder no sea indispensable para que una comunidad se articule. Pero recordar que la ley descansa siempre sobre el monopolio de la violencia, y no sobre una suerte de acuerdo armonioso y metafísico de los ciudadanos, hace patente la necesidad de limitarla a lo indispensable.

Se puede pensar, con facilidad, que es irrespetuoso y equivocado decirle burra a una asistente del público. Pensar, sin embargo, que el Estado debería intervenir en la situación y que un magistrado, sentado en su oficina, puede utilizar la fuerza de la policía para decidir que palabras salen de la boca de una persona, es ir muchísimo más lejos. Hay una distinción necesaria entre lo equivocado y lo ilegal, que no debe perderse de vista. La violencia hipotética, suave, del insulto no puede ser respondida con la violencia material de las armas y prohibir a un orador no es otra cosa, en el límite, que realizar esta operación injustificable.

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Por supuesto, al llegar a la circunstancia concreta, deben matizarse este tipo de afirmaciones. Incluso el monopolio de la fuerza se ve restringido por la presión social y, a veces, por una especie de sentido común. Sostener que la vida de Milei corrió peligro, que podría morir o caer preso de visitar Metán sería completamente ridículo. También sería ridículo retratarlo como mártir del libre discurso. No hubo, en el accionar del juez, peso real. El país observaba y, aunque no hubiera observado, la interpretación forzada de la ley no hubiera resistido demasiado tiempo. El 11 de julio, Milei se presentó a declarar frente al juez, por voluntad propia, y pidió perdón, pasando luego por una pericia psicológica. El perdón fue aceptado y ahora puede dar, en la región, todas las conferencias que quiera.

Esto no modifica el carácter problemático de la situación o lo que nos dice sobre las decisiones que debemos tomar en el futuro. La escena donde se obliga a una persona a presentarse frente a un juez, para disculparse, como si hubiera que besarse la mano a quién es más digno y más valioso que uno, por la posición que ocupa, es caricaturesca y casi anacrónica.

Hay un peligro intrínseco en delegar poder al Estado, sobre todo en conflictos donde su necesidad de arbitrio es cuestionable. El Estado no es una representación casi divina de nuestros deseos o esperanzas, sino una institución compuesta por un conjunto de hombres y mujeres, a veces ociosos y arbitrarios, representativa, en el mejor de los casos, sólo ocasionalmente.

Exagerar la vulnerabilidad de la persona hasta el absurdo, pensando que sus fuerzas no le bastan ni siquiera para resolver por sí misma una discusión malintencionada, delega el poder de decidir a un sistema lejano, incluso más falible que nosotros mismos. No son sólo las leyes que están contra lo que creemos de manera expresa las que pueden potencialmente amenazarnos.

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Se quiere, a veces, legislar sobre todas las cosas. La tentación de escribir de forma vinculante las reglas por las que debería moverse el mundo es comprensible. Es, sin embargo, equivocada. La ley no reorganiza el mundo a voluntad, sino que introduce un nuevo factor -las fuerzas estatales- en medio del conflicto. Esta intervención puede ser positiva o negativa. Para poder promover una ley, debe poder argumentarse que los efectos futuros serán verdaderamente beneficiosos. No alcanza con señalar un problema real para justificar cualquier solución arbitraria y exigir que se la obedezca.

Miramos con alguna simpatía al Senador y al Juez de la Corte suprema que piden darle potestad al Estado para regular las noticias falsas. Pedimos una ley de extinción de dominio, que permite la expropiación de los bienes de los “corruptos” sin juicio penal. El narcotráfico como fantasma nos hace aceptar a las fuerzas armadas en la seguridad interior.  Ante la pérdida de empleo, defendimos una ley de emergencia laboral que prohibía todo despido. Las consecuencias abrumadoramente negativas que cualquiera de las cuatro propuestas podría tener sobre las cosas, exacerbando los problemas que se quieren resolver, creando nuevos, apenas nos pasa por la cabeza. Ver algo injusto, funcionando mal en el mundo, llama a muchos a actuar de forma instantánea, global, incluso en los casos donde esta forma de acción es desordenada, errática y no ayuda.

La voluntad de legislar para proteger a los vulnerables y corregir cada uno de los problemas del mundo es una voluntad que nunca desaparecerá, pero cuyos efectos no son necesariamente positivos. El juez que actuó contra Milei, alegando violencia de género, se amparó, para hacerlo, en una interpretación extraña de la Ley de Protección Integral, menos progresista que feudal, donde lo que se prohíbe no es denigrar una persona por su identidad de género, sino faltar al honor de una dama.

Por supuesto, la decisión equivocada de un juez sobre un caso específico no anula una ley ni es un argumento contra ella. Nos recuerda, simplemente, como es que la ley funciona en la vida real, por fuera del papel donde fue escrita; cargada de materia, sostenida en el poder coercitivo, siempre falible y propensa a la arbitrariedad. Quizás la energía con la que pedimos que el número y el alcance de las leyes aumenten, de manera casi obsesiva, pruebe nuestra tendencia a olvidar esta verdad incómoda.

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